Responsabilidad civil del estado derivado de los delitos de abuso de autoridad en la Corte Superior de Justicia de Huánuco 2000-2015

Abstract

Esta tesis tiene por objetivo general, demostrar que los daños causados por los funcionarios y servidores públicos, a los terceros, particulares o administrados, como consecuencia de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, guarda relación con la responsabilidad civil del Estado, generando obligación indemnizatoria; en forma particular y especial se analiza la relación que guardan los proceso penales sobre de Abuso de Autoridad cometido por los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local, de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Gobierno Local y Gobierno Regional y otros y la responsabilidad civil del Estado. De ciento cincuenta casos de procesos por Abuso de Autoridad, el 39% fue sobreseído, en virtud del cual no se generaron responsabilidad civil ex delictio. En los procesos en que se emitieron sentencia condenatoria o reserva de fallo, se pudo determinar que en el 11% se consideró agraviado al Estado, en el 20% al Estado y particular y solamente en el 7% a los terceros particulares que en realidad sufrieron el daño; en ninguno de estos procesos se consideró que el Estado deba indemnizar a las personas que sufrieron el daño patrimonial o extrapatrimonial. Al término del estudio de los expedientes, se ha encuestado a sesenta operadores de justicia del Distrito Judicial de Huánuco Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, Secretarios Judiciales, abogados de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y abogados que ejercen libremente la profesión, confirmando que en el Sector Educación y Policía Nacional es mayor la incidencia del delito de Abuso de Autoridad; alto porcentaje de operadores de Justicia afirman que los daños causados por Abuso de Autoridad deben ser indemnizados por el Estado o en forma solidaria con el funcionario o servidor público causante del daño, persiste también alto grado de aceptación (72%) que la responsabilidad civil, por abuso de autoridad debe ser legislada.